Sucia política para la sana ecología

            Hace muchos años que mi padre, desde su ingenuidad política y su confianza en la Administración comparaba a los gobiernos con los padres de familia que, en todo momento velaban por sus hijos. La comparación, amén de absurda, poco o nada tiene que ver con la realidad política, tan compleja y sucia. Como ejemplo basta recordar el ominoso recorte que nuestro actual gobierno regional ha dado a la agricultura ecológica. El tijeretazo es tal que, para hablar con propiedad, habría que decir que es un hachazo en toda regla. Y esto no es opinable ni susceptible de ser interpretado así o asá. Esto son matemáticas, cifras que cantan, verdades como puños que pueden verse en los expedientes “provisionales” que han llegado a los agricultores ecológicos. De entrada se cambian las reglas del juego y, haciendo gala de la más vil artimaña política, se suprime una ley con la que la Administración y los agricultores ecológicos ya se habían comprometido. Se establece un nuevo sistema de baremación,  y al que no llegue a 25 puntos, directamente le deniegan la totalidad de la ayuda (unas fuentes hablan de 1500 agricultores y otras de 3000 los que se quedan sin subvención). Una ayuda que en un 75% procede de la Unión Europea y cuenta con su beneplácito y sólo con el 25% de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En segundo lugar se rebajan todas las ayudas, tanto de cereal (65% menos), como  viñedo, olivar  y almendros (ahora se quedan en 200 € por ha frente a los 310, los 340 y 249 € del plan anterior. Para rematar la faena,  constatada la falta de disponibilidad de crédito, -así figura en los expedientes-, se establece un orden de prioridades según la puntuación otorgada por la Junta, para cobrar las menguadas subvenciones. De tal manera que de no existir disponibilidades presupuestarias suficientes para atender todas las solicitudes iniciales que sean admisibles, se aplicarán los criterios de prioridad que se mencionan.  Dicho de otra manera, aquellos agricultores que tengan un número muy alto es muy probable  que no cobren. La nueva ley de marzo de 2016, para más bemoles, se produce con efectos retroactivos, ya que debido a la tardanza en los pagos de lo ecológico por parte de la  Administración regional,  todavía no se ha abonado el ejercicio 2015, y al estar pendiente, se considera el mejor punto de partida para hacer recortes.  

            No sé qué se ha hecho con el dinero que vino de Bruselas exclusivamente para la agricultura ecológica en 2015. Pero es evidente que ese dinero llegó, se gastó en otra cosa y ahora no hay suficiente. Hay quienes dicen que se ha empleado en pagar a bomberos y diputados. No conozco cuál es la verdad, pero buena parte del dinero no está y, a consecuencia de eso, se ha dictado una nueva norma muy lesiva para los agricultores ecológicos que, por injustas y absurdas razones, deben pagar otras facturas de la Administración. Personalmente me gustaría mucho recibir una explicación, aunque no sé si la hay.

Ignoro si la culpa es de este Gobierno socialista o del anterior, popular. A mi juicio ambos pecan de falta de transparencia y  honestidad. Lo dado sería denunciar a los culpables  ante los tribunales. Como mínimo, se debería restituir el dinero a sus beneficiarios y pedir una disculpa. Pero no. En lugar de eso, se dicta una nueva norma, vergonzosa donde las haya. Como no hay suficiente dinero, a equis agricultores se les deniega  la ayuda y al resto se la recortan. Una mala actuación de la Administración regional se traspasa a los agricultores para que paguen los platos rotos. Un pan como unas hostias. Bravo por Page y el señor Martínez Arroyo.

Al mismo tiempo se promete un nuevo Plan Estratégico de Agricultura Ecológica para Castilla-La Mancha, para el período 2016-2020 que,  pese a la intención  de aumentar la actual cuantía en 10,4 millones de euros, se quedará muy por debajo de las subvenciones otorgadas en 2014. Y para mayor escarnio, el acuerdo lo firman los sindicatos del campo. Pague usted la cuota para tan gran apoyo.

Que hay una manifestación de los agricultores ecológicos en Toledo (30 de abril), pues que la haya. Las organizaciones agrarias no saben nada. El asunto parece ser que no va con ellos. Es escandaloso, pero nadie se moja. La historia se repite: una vez más hay que crear una plataforma de afectados que defienda lo que es justo, lo firmado, sellado y rubricado en 2015.  Porque, de no tomar cartas en el asunto los afectados, nadie lo hace.

En la manifestación celebrada en Toledo solo participan la citada plataforma, el sindicato Unión de Uniones, Asaja de Ciudad Real y la asociación Tierra Sana. Pare usted de contar.

Hay unas 6500 familias que viven de la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, pero eso parece traer sin cuidado a la Administración y las organizaciones agrarias. En Francia una medida similar hubiera provocado una protesta sindical agraria unánime y multitudinaria. Aquí los apoyos brillan por su ausencia.

A falta de una resolución definitiva de los expedientes ecológicos, llegan noticias de que desde la Junta se está abriendo la mano en las puntuaciones a los agricultores y existe la posibilidad de que se pueda cobrar con menos puntos. Primero envían la resolución provisional para gastar papel y probar qué tal la digieren los agricultores. Después la resolución definitiva que mejora la anterior. Si el palo es menor puede que la gente se conforme. La calculada estrategia de que Dios aprieta, pero no ahoga.

Creíamos que teníamos bastante con los pedriscos, la sequía, las plagas, las heladas y el sol inclemente. Estábamos equivocados, desde las altas jerarquías hay dirigentes que manejan el campo como les viene en gana. Negocian los precios agrarios, deciden lo que se importa y lo que se exporta a nuestras espaldas (GATT o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, etc). Mientras los agricultores trabajamos, señores con trajes de marca que sólo han visto el campo en fotografía, nos imponen los precios de los productos,  cambian las leyes a su medida, hunden mercados y campesinos. Cuando en los pueblos la gente se afana en el campo, otros utilizan la agricultura como moneda de cambio. Presidentes de grandes corporaciones financieras y multinacionales especulan desde lujosos despachos sin pisar la tierra. Políticos de alto rango nos atan de pies y manos con la fuerza que les otorgan nuestros votos. Basta citar como ejemplo de esta realidad el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) que ahora  se debate. Definirá la economía mundial en este siglo, pero a pesar de su enorme trascendencia, se negocia en secreto. Muy significativo.

 La economía globalizada y los malos gobiernos son nuestro mayor pedrisco, nuestra mayor plaga. Y con nuestras escasas protestas no hay forma de mitigar siquiera sus daños. ¿Tiene el sector agrario castellano-manchego lo que se merece? Es una buena pregunta que, desde aquí, traslado a quienes no han querido participar en la manifestación de hace unos días.

La  nueva ley de la agricultura ecológica en CLM es una vergüenza, un  robo a los agricultores e implica una desfachatez de cemento armado. No será nada extraño que, de seguir la senda trazada, sea imposible mantener el medio ambiente en el campo.   Esta es una tierra árida y desfavorecida. Una hectárea produce tres veces menos que en el norte de Europa. Las lluvias escasean. Llevamos tres años ruinosos en lo que a cereal se refiere. Sin las subvenciones gran parte de nuestra agricultura no es viable ni puede competir. La eliminación y la reducción de estas ayudas aboca al abandono de las explotaciones y la muerte de los pueblos. Pero en ese camino andamos. Creo recordar que la PAC se ha reducido en un 12% este año. Las ayudas a la agricultura ecológica, ese pequeño salvavidas que animaba al sector, ya sabemos cómo se está desinflando. El horizonte agrario que se nos plantea cada vez está más lleno de incertidumbre, pero nadie parece importarle que así no vamos a ninguna parte.  

            La ecología es un valor universal innegable. El respeto a la naturaleza no es solo una forma de vida, sino el único modo de progreso con futuro. La destrucción de la selva amazónica, el desequilibrio entre las especies, la contaminación por pesticidas de ríos y campos, los vertidos en el mar, el fracking, el consumo de transgénicos,  la muerte de miles de colmenas con la consiguiente amenaza para la polinización y la producción de alimentos, son actuaciones humanas que provocan graves riesgos para nuestra salud y la de las plantas y animales que consumimos. El verdadero desarrollo no pasa por el aumento de la producción, sino por el de la salud y el bienestar, sin embargo las multinacionales agrícolas y su estrecha alianza con la industria química son quienes dominan los mercados alimentarios del planeta. Cambiar el chip no es nada fácil. Su poder es enorme. La Junta de Comunidades, restando apoyos a la agricultura ecológica, se suma a esa vorágine. No esperen que les de las gracias por ello.

 

                            

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La calle y las marionetas

Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias… Todos se empeñan en mostrarnos sus opciones políticas y hacen hincapié en las bondades de cada uno de sus programas. Vengan ruedas de prensa, declaraciones, entrevistas, reuniones… Vengan palabras como puñales, críticas, inmundicias y que si tú y que si yo. Pero en medio de este lodazal nadie parece percibir que el mandato de unos u otros candidatos, aun siendo importante, no va a determinar la vida de esta España nuestra. Aquí quien va a cortar el bacalao no se presenta a las elecciones y, como siempre, se trata Bruselas. Basta recordar el importante tijeretazo dado a la PAC y a los cultivos ecológicos para este año que  pisamos o los duros recortes sociales aplicados en nuestro país por imposición comunitaria. Votar azul, rojo, naranja o morado, aunque no da lo mismo, va  a quedar  relegado a un segundo plano y el resultado, tanto si hay elecciones como si no, será un extraño color panzaburra. Lo primero será hacer los deberes y acatar lo que nos dice la cada vez menos unida Unión Europea. El tablado de marionetas puede llevar buenas o malas intenciones, aplicar reformas que la población pide a gritos, empestillarse en lo mismo de siempre, promover grandes iniciativas,  acomodarse en la poltrona y cobrar a fin de mes o hacer el caldo gordo. Pero, endeudados hasta las cejas como estamos (1.069.690 millones de euros en enero de 2016), serán los burócratas de Bruselas, la señora Merkel o los mandamases europeos de turno, quienes nos dirán lo que tenemos que hacer.

Lancen ideas, señores. Propongan cielos y paraísos. Diseñen jardines del Edén. Hagan los proyectos que más les gusten para reformar la casa, pero recuerden que la vivienda está hipotecada y ninguno de sus moradores será capaz de imponer sus condiciones al  banco. El que te presta dinero es tu dueño y su primera condición es que apoquines la guita  a costa de quitarte el hambre a bofetadas.  

Mientras aquí mareamos la perdiz sobre si Pedro o si Pablo, o si Pedro Albert Pablo y otras variantes, en  Bruselas van preparando los hilos de las futuras marionetas para que bailen al paso en el tablado. Menos pan y más impuestos. Más recortes y  más trabajo por menos. Nuevos ajustes y reiterados sacrificios en un austericidio  desigual que, como es notorio, continuará afectando a los más débiles. El que tenga hambre que se chupe un codo. El que pase frío, que se caliente a guantazos. A las grandes fortunas, amnistías fiscales e impuestos de risa para que multipliquen sus beneficios. Mientras tanto, la justicia, se  reclama en la calle porque no la hay en la política ni en la judicatura, donde se aplican tanto las leyes justas como las injustas. Las instituciones poco o nada ejemplares en su forma de actuar.

Ejemplo de que la justicia no es igual para todos es el reciente rechazo  en el Senado para suprimir el aforamiento a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. En virtud de la mayoría absoluta del PP, una persona, por su cargo público o profesión, seguirá siendo juzgada por el Tribunal Supremo y no por los tribunales ordinarios. Los populares defienden que el aforamiento no es ningún "privilegio" sino "garantía de defensa y protección". Protección para los políticos corruptos, claro. Porque serán ellos los que darán largas a sus corruptelas con trámites y formulismos interminables. Los que pondrán a trabajar como locos a sus equipos jurídicos. Los que apelarán al Constitucional o donde haga falta hasta que los casos prescriban. Treinta y tantos años de democracia y todavía no ha llegado el momento de reformar la Constitución para que políticos, jueces y altos cargos no tengan el mismo trato judicial que cualquier ciudadano, como se hace en otros países de Europa y del mundo. Una vergüenza que solo invita a la desconfianza, al descrédito de una cámara, ya bastante insulsa.

Nos sobran senadores pachá cuya única aspiración es blindar sus desmanes y seguir percibiendo sustanciosas nóminas. Están de más  esos representantes políticos que con causas abiertas y expulsados de su partido pasan al grupo mixto y  siguen  cobrando del erario público como lo más natural del mundo.  

En lo que a mí se refiere no puedo creer en alguien que se aprovecha de su cargo para lograr su inmunidad. No confío en esos diputados y senadores que ni siquiera acuden a las sesiones. No soporto a esos señores que se valen de su cargo para cobrar comisiones y encima el Estado los premia con sueldazos.  Somos estúpidos por seguir votándoles, por pensar siquiera que van a mejorar nuestras leyes o a actuar con un poco de ética. Si en cerca de cuarenta años no han sido capaces de lograr que la Justicia sea lo mismo  para ellos que para nosotros, ¿qué podemos esperar?

Acabemos con los privilegios. Estamos en el siglo XXI. Votemos propuestas concretas y, si no se cumplen, que quede por sentado que sus responsables dimitirán. Estamos cansados de palabras, de verborrea hueca que contradice los hechos, de mentiras, de oportunismo, de delincuentes salvados de la cárcel por el cargo y la lentitud judicial. Hagamos que las malas leyes se deroguen y cambien. Firmemos en contra de los aforamientos y de quienes los defienden. La justicia con demasiada frecuencia no está en los parlamentos. Está en la calle, en esa gente que se manifiesta por cuestiones tan básicas y tan pisoteadas como el derecho a la vivienda, la alimentación o el trabajo. En esos millares de  estafados por los bancos que, sin ayuda de nadie, se han visto obligados a pelear por lo que, en justicia, les pertenece. La honradez está en el amigo que te ayuda cuando estás hundido, en ese señor que te avisó cuando se te cayó la cartera. No en esos senadores que se han opuesto a ser juzgados por tribunales ordinarios, como todo hijo de vecino. No en esos señores que quieren ser dioses y elevarse por encima de los mortales. La ética no está en esos políticos que borran más de treinta veces sus ordenadores para eliminar cualquier prueba que los incrimine. La dignidad no se encuentra en esos presidentes que hablan de apretarse el cinturón mientras roban al pueblo. No en esos gobernantes y constructores que se forrar con contratas y licencias de obras. No en esos sinvergüenzas que traficaron con prejubilaciones y falsos ERE. Del rey abajo ninguno es más que otro ni tiene por qué tener tratos de favor con la Justicia. Este es un clamor del pueblo, pero a la alta política ni le conviene ni le interesa llevarlo a efecto.

Las marionetas seguirán danzando bajo el redoble europeo. A nosotros, los ciudadanos, nos queda la calle.

                                                

Débiles e indefensos

A estas alturas de la vida dudo de que haya noticias que puedan  sorprenderme, pero, desde luego, sí indignarme. Una de las últimas que me han exasperado  ha sido la de saber que en el Vaticano la  Pontificia Comisión para la Protección de los Menores anda muy preocupada con el asunto de la pederastia dentro de la Iglesia y ha decidido reunirse nada menos que dos veces al año para tomar cartas en el asunto. Y el interés llega a tanto que la comisión no se dedica a resolver casos específicos, sino a buscar “una forma institucional de proteger a los menores". Los obispos "no están obligados" a denunciar los abusos a menores, según una nueva guía del Vaticano. Es decir que, más que una comisión es un claro caso de omisión. Omisión de socorro a las víctimas, omisión de denuncia y castigo  a sacerdotes que se valieron de su cargo y destrozaron la vida de muchísimos niños. Omisión de justicia a clérigos que predicaron la bondad divina en un púlpito y, en privado, violaban niños, practicaban el abuso sexual, la coacción y el chantaje a menores.

La Santa Sede ha condenado en los últimos 10 años a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores. Un total de 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico, mientras que los 2.572 restantes recibieron sanciones de distinto tipo.  

Miles de casos de abusos sexuales en la Iglesia católica en todo el mundo y el Vaticano, como máximo, los cesa, cuando no mira  para otro lado, como ha hecho hasta no hace mucho.

La Justicia española tampoco ayuda demasiado al respecto. Si se trata de violación, la prescripción se produce a los  quince años desde el hecho. En el caso más leve, a los cinco.

Me avergüenzan la Iglesia y la Justicia que tenemos. Me abochornan los gobiernos que desde hace décadas no han hecho absolutamente nada porque estos y otros delitos caduquen como los yogures. Me subleva que se haya permitido  que el abusador fuese  a otra parroquia y siguiese  abusando de más niños, como si tal cosa. Me revienta que ante casos tan flagrantes no haya una reforma de las leyes.

El Vaticano, que se yergue como la voz de la conciencia mundial, no duda en gastar en exceso, enriquecerse de manera injustificada, ocultar sus finanzas y no castigar los abusos a menores. Con semejante currículo no es de extrañar que aumenten los ateos e incluso haya  creyentes que le pidan a Dios que los libre de la Iglesia. Me pregunto cómo se puede confiar en una institución  que no es capaz de poner coto a su propia inmoralidad, que  a veces hasta se doblega a la desfachatez y a la impunidad.

Y mientras esto sucede, uno se entera de que un sevillano ha sido condenado a seis meses de cárcel por robar una bicicleta en 2008.  De que a un senegalés le han caído nueve meses por intentar robar una gallina. O que la portavoz del ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, después de cinco años, por protestar en una capilla de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido condenada por ofender a la Iglesia a pagar  4320 euros. En estas  ocasiones los delitos, tan menores, parece ser que no prescriben.

Un político sin escrúpulos se puede hinchar a robar durante años. Un sacerdote puede violar a lo largo de décadas. Es relativamente fácil que a  ninguno les ocurra nada. Un ladrón de gallinas muerto de hambre o un ciudadano  con verdades como puños que protesta, tiene todas las papeletas para ir a la cárcel.  

Se intenta criminalizar la libertad de expresión, los derechos básicos de nuestra democracia. Se condena a la víctima y se bendice al verdugo. Los escraches se califican de delitos de terrorismo, las protestas por una educación de calidad, por un techo bajo el que vivir, cualquier demanda ciudadana que clama justicia se contempla como un acto ilegal y subversivo, azuzado por la Ley Mordaza.

Nuestras condiciones de vida empeoran, la corrupción es escandalosa, la Justicia no funciona, la Iglesia nos avergüenza, la gente se queda en la calle y pasa hambre, la Corona abraza al corrupto, los pobres pagan muchos más impuestos que los ricos, pero el vecino  de a pie  no puede protestar y tiene que ser una marioneta, un siervo de los privilegios del poderoso. El ciudadano tiene que agachar la cerviz como un becerro y soportar que en España  haya más de diez mil aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios, mientras escucha que la ley es igual para todos. El hombre o la mujer de la calle tienen que aguantar  que  la injusticia se agrave y perpetúe en las instituciones sin que haya visos de reforma. Apenas  hay referentes morales, pero sí muchedumbres cada vez más numerosas  tratando de sobrevivir. Por cada salto que da la riqueza, hay millones de inocentes que son sacrificados en aras de su crecimiento. El capitalismo ahonda la brecha, expande la miseria, multiplica la injusticia. Basta ver las imágenes que nos llegan de Idomeni con esas miles de personas que no saben dónde ir mientras porque las fronteras permanecen cerradas. Basta eso para comprender que nunca como hoy estamos condenando la pobreza, que el mayor delito de nuestro tiempo, el único en el que de verdad se emplea a fondo la Justicia y los gobiernos,  es el de sentenciar a quien carece de todo. Acabar con la pobreza dejando morir a los pobres parece ser la respuesta de la Europa privilegiada

Tusk, el líder del Consejo Europeo lo ha advertido no hace mucho a los migrantes: no vengan a Europa. Solo le faltó decir que se quedaran en Turquía, que se murieran en su tierra, que aquí no nos gusta la pobreza, que queremos que este sea un territorio libre de pobres y solo admitimos a turistas con dinero.

El parné  no conoce fronteras, viaja sin cortapisas por todo el mundo. Las personas con una mano delante y otra detrás, esas sí que tropiezan con todas las barreras. Palos, gases lacrimógenos, concertinas… No importa que sean víctimas de la guerra, da igual que huyan del hambre o la muerte. No interesa  que se sepa que, con harta frecuencia es el primer mundo, civilizado e inhumano, es quien fomenta las guerras, quien vende armas, quien destruye naciones para luego, aprovechar su debilidad y  esquilmarlas a su antojo.   

La víctima, el niño indefenso, el débil… siempre lleva las de perder en este mundo caníbal. La aporofobia (el odio y rechazo a los pobres) es más que una tendencia, es el signo de nuestra identidad. Ya solo tenemos miedo a ser tan pobres como esos que aparecen en la tele.